En abril de este año fueron detenidas en La Habana un número no precisado de personas que se dedicaban a instalar redes de acceso inalámbricas y prestaban servicios ilegales para que un grupo de residentes recibieran llamadas internacionales "sin necesidad de acceder a las redes terminales de ETECSA", la empresa estatal de comunicaciones, informa este lunes el diario comunista 'Granma'.
Personas "sin ningún tipo de escrúpulo" han logrado hacerse además con equipos satelitales y ofrecer televisión internacional a los cubanos a cambio de dinero. Pero además se han dedicado al robo en instituciones públicas de cables y otros materiales que se utilizan en las comunicaciones nacionales e internacionales para la instalación de equipos de recepción satelital, según La Habana.
"Esta actividad es financiada por Estados Unidos, desde donde llegan al país los medios e implementos necesarios, burlando los controles establecidos", afirma 'Granma'.
"La obtención de servicios de telecomunicaciones mediante conexiones clandestinas o fraudulentas, o la utilización de cualquier maniobra técnica que permita neutralizar, eludir o burlar los mecanismos de control establecidos, constituye un delito", recuerda el diario comunista.
Cuba tiene restringido su acceso a Internet a determinadas instituciones del Estado, como las universidades. El Gobierno afirma que estas limitaciones obedecen a que el bloque norteamericano les impide tener una mejor conexión. Por este motivo, Venezuela financió el tendido de un cable submarino que debió entrar en funcionamiento en julio, sin embargo, hasta la fecha, el uso de Internet en la isla continúa limitado para un grupo de ciudadanos.
La televisión de pago es un servicio que ofrece en Cuba únicamente la empresa, perteneciente a la Corporación CIMEX, al sector del turismo, empleados del régimen, diplomáticos y compañías extranjeras. El resto de la población tiene restringida la posibilidad de suscribirse a este servicio, así como a ver programación de otros países que no sea transmitida por las cadenas oficiales.
Las leyes cubanas establecen sanciones que pueden alcanzar los 30.000 pesos (unos 830 euros) por incurrir en estos delitos, así como penas de cárcel de hasta tres años.
Este es el colmo de la aberracion comunista, acusar por dar posibilidad de acceso a la internet y a la informacion que ellos niegan a sus pueblo, es increible aun a estas alturas se permitan este tipo de prohibiciones
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