Monday, December 12, 2011

Escándalo de corrupción en España salpica al tabaco cubano

Luego de cuatro años de investigaciones, el presunto caso de corrupción de Miguel Zerolo Aguilar, ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife en Islas Canarias, España,  tomará un nuevo giro cuando asuma el cargo de senador en el Parlamento de Canarias este martes 13 de diciembre.
Los hechos se remontan a enero de 2007 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, admitió  a Trámite una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra Miguel Zerolo, en un caso de corrupción urbanística con la compra de terrenos  en una zona turística del municipio, conocida como Playa de Las Teresitas.
La presunta red de corrupción se extiende a países de América Latina como Cuba, México, Brasil, República Dominicana, Nicaragua, Uruguay, Venezuela y Colombia, según un informe de treinta folios registrado por la policía de Santa Cruz de Tenerife.
En el caso de Cuba, Zerolo pudo haber invertido en plantaciones de tabaco, siempre mediante el uso de testaferros. De momento, este caso no ha trascendido en los medios oficiales de la isla. También se desconoce si han detenido a ciudadanos cubanos implicados en los turbios negocios.
En caso de que este incidente perturbase las relaciones entre ambos países, las consecuencias podrían afectar notablemente a Cuba, pues España es su cuarto emisor de turismo con más de 100 mil visitantes españoles anualmente, indica el periodista Juan Carlos Sánchez, quien forma parte de la comunidad de cubanos nacionalizados españoles que residen en Tenerife.
Sobre Miguel Zerolo siguen pesando cargos dentro del sumario, como prevaricación y malversación de caudales públicos, en una trama legal, donde según las investigaciones realizadas, se han obtenido plusvalías de hasta 120 millones de euros en la venta de los citados terrenos.
Además  de Zerolo, otras poderosas personalidades de la vida pública canaria estaban implicados en negocios hoteleros e inmobiliarios en el resto de los países; incluso dispusieron inversiones en una planta de fabricación de biodiesel en Senegal.
Fuentes próximas al caso han indicado que este proceso podría convertirse en un juicio de enorme trascendencia, dependiendo de la viabilidad con que pueda seguir la investigación a tenor de que el imputado tenga o no el paraguas protector de su condición de aforado, inmunidad o privilegio jurídico de que disfrutan personalidades del ámbito político.
La investidura del nuevo cargo ha sido interpretada por de la opinión pública y la prensa como una estrategia de Coalición Canaria, partido al que pertenece Zerolo, para que gane tiempo en la investigación y busque otros caminos para su defensa, debido al retraso de dos años que provocará su condición de aforados.
"La decisión de elevar a Zerolo al Senado ha provocado discrepancias tanto entre los fundadores como entre los nuevos militantes, lo que podría conducir a una renovación del partido," señala el periodista.
El caso –explica Sánchez - ha vuelto a la luz pública hace unos días cuando la magistrada Carla Bellini del Tribunal Superior de Justicia de Canarias le retiró a Zerolo la imputación de cohecho, delito consistente en sobornar a un juez o un funcionario en ejercicio de funciones.
“El tema ha cobrado una enorme resonancia en la opinión pública canaria en un momento en que políticos y personalidades de la vida pública nacional, como son el ministro en funciones José Blanco y el Duque de Palma, Iñaki Uznangarín, yerno del Rey, están también imputados por presuntas tramas de corrupción y apropiación de dinero público y fraude a la administración respectivamente,” señaló el entrevistado.
La sociedad española y en particular la sociedad canaria está muy indignada por toda esta serie de casos de corrupción y piden que la justicia sea igual para todos,” asegura Sánchez, y subraya  “la necesidad de que todos los estados que estén afectados colaboren conjuntamente para esclarecer los hechos."
“Esta es una de las cuestiones que se están planteando dentro de la restructuración política de España: que desaparezca esta condición de aforado, y los políticos implicados en casos de corrupción sean apresados como cualquier ciudadano normal,” concluye Juan Carlos Sánchez.

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